El derecho al conflicto intelectual. Neutralidad, cancelación y crisis del debate en la escuela.

Reproducimos aquí el artículo de nuestra compañera de DoFemCo María Loureiro “El derecho al conflicto intelectual. Neutralidad, cancelación y crisis del debate en la escuela” publicado en el diario El Común el 09 de junio de 2026.

Hace un año, las instrucciones de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia para el curso 2025/2026 sembraron la polémica al exigir una «neutralidad ideológica» que suponía fiscalizar la labor docente. Formulada desde el poder ejecutivo, esta medida se asumió como una limitación de la autonomía pedagógica orientada hacia una escuela amordazada, con un profesorado temeroso de abordar tensiones sociales y políticas en las aulas.

La respuesta sindical de la CIG-Ensino fue inmediata al denunciarla como una maniobra de censura autoritaria, pero, más allá de la legítima defensa de la libertad de cátedra, el profesorado en su protesta incurre en una profunda contradicción: reproduce dinámicas propias de cierto activismo contemporáneo que pretende establecer qué se puede discutir y qué no.

La diferencia de poder y de responsabilidad entre la inspección educativa y el profesorado es evidente, pero en ambos casos se revela una dificultad en la gestión de la discrepancia y, como resultado, el debilitamiento de la capacidad de la escuela para asumir el conflicto intelectual como algo inherente al proceso educativo.

El enfrentamiento debe entenderse como la manifestación de una crisis cultural más amplia y multifactorial: la degradación del debate público, el auge del autoritarismo y del dogmatismo y la dificultad para distinguir entre disenso y agresión. Una de las expresiones más claras de este fenómeno es la cultura de la cancelación, una mecánica de control social en el espacio digital que sustituye el debate racional por la fuerza punitiva de la masa. Mediante el señalamiento y la descontextualización, se busca la invalidación y el ostracismo de quien disiente.

Esta dinámica ha saltado de las redes a otros ámbitos. En lo político, la hiperpolarización transforma el desacuerdo en una lucha moral contra un enemigo al que hay que destruir, incluso dentro de las propias organizaciones, mientras los medios se lucran difundiendo la indignación. El proceso se agrava cuando las instituciones ceden a la presión social o adoptan esta forma de actuar. Como consecuencia, crece una espiral del silencio en la que parte de la ciudadanía prefiere callar por miedo a ser estigmatizada, generando una sensación de unanimidad que oculta los matices y el pluralismo real.

Las aulas no quedan exentas de reproducir esta inercia social, que se manifiesta especialmente a través de la autocensura: parte del alumnado evita apartarse de las posiciones defendidas por su grupo de iguales por miedo al aislamiento, mientras que hay profesorado que esquiva los temas espinosos por temor a las quejas de estudiantes y familias o a la actuación de la inspección. En este contexto, iniciativas como los «espacios seguros», concebidos en teoría para prevenir la discriminación, acaban funcionando como protección emocional frente a ideas incómodas. La función pedagógica pasa así de confrontar el pensamiento a proteger la sensibilidad del alumnado. 

Al evitar el contraste de las ideas, se debilita la capacidad crítica de la juventud y se reduce su tolerancia a la frustración, dando lugar a una sociedad cada vez menos habituada a dirimir sus diferencias. 

Ante esta deriva, la escuela pública no debe ser un espacio de proselitismo ni de silencio, sino un lugar en el que se defienda la diversidad ideológica y quepan todas las ideas que respeten la dignidad humana. Sin embargo, el problema surge hoy en la propia definición de ese respeto, cuando el disentimiento racional se etiqueta como un ataque a la dignidad y se asimila al discurso de odio.

Con frecuencia, en las aulas, ante discursos reaccionarios —como actitudes machistas, racistas o fascistas— se opta por la condena inmediata sin abrir canales a la refutación argumentada. La respuesta frente a la intolerancia exige asertividad y, en caso necesario, la aplicación de protocolos de protección frente al acoso, pero prohibir sin desarmar el argumento suele provocar una reacción a la defensiva que refuerza la rebeldía en la juventud. Algo semejante ocurre cuando determinadas consignas, símbolos y banderas se introducen en el ámbito educativo sin filtro crítico, convirtiéndose en mantras que clausuran el diálogo y que también provocan respuestas defensivas rígidas.

Al redefinirse el respeto, el tabú se ha extendido hacia cualquier planteamiento incómodo, etiquetando como ofensivo el desacuerdo. La combinación de ambas dinámicas —la asunción acrítica de consignas y la mecánica de la cancelación— se ha normalizado como una práctica docente ordinaria ante cualquier discurso conflictivo, haciendo que la enseñanza funcione como un tribunal moral que dicta sentencias, en lugar de educar mediante la discusión racional, los datos y las evidencias.

Uno de los ejemplos más visibles de esta perversión se encuentra hoy en la gestión educativa de las tensiones entre el feminismo materialista y el esencialismo identitario trans y queer, donde el imperativo ético de proteger al alumnado del acoso no debería implicar la asimilación automática de marcos ideológicos específicos. Sin embargo, en la práctica, determinados símbolos y proclamas de esta última corriente suelen introducirse en los centros educativos sin mediación crítica, mientras que cualquier tesis fundamentada en la categoría material del sexo es respondida con un fuerte señalamiento público e intentos de cancelación.

El caso descrito ejemplifica una tendencia más amplia a convertir desacuerdos teóricos en cuestiones morales excluyentes. Un sector de la comunidad educativa asume que ciertas discrepancias no son admisibles por «atacar a las personas», un recurso retórico que rebaja controversias jurídicas, científicas y políticas a simples disyuntivas morales. La gravedad del problema no radica en la existencia de posturas enfrentadas, sino en expulsar la confrontación de ideas de las aulas con el pretexto de proteger las emociones. Reducir una discusión legítima a la categoría de «fobia» actúa como un mecanismo de veto intelectual. El profesorado incurre así en la contradicción de denunciar el autoritarismo de la Administración al mismo tiempo que normaliza formas de censura dentro del entorno educativo.

La escuela está dejando de ser un espacio de discusión y pensamiento crítico para funcionar como una trinchera emocional frente al conflicto. Para cambiar esta tendencia, profesorado y Administración deben actuar como árbitros que reivindiquen la racionalidad, la validez argumentativa y la duda como condiciones de la madurez cívica e intelectual. La educación no debe levantar muros ante los planteamientos incómodos, sino ofrecer herramientas para comprender, cuestionar e intervenir en el mundo con libertad e igualdad. La democracia necesita el conflicto intelectual y es necesario aprender a convivir con él. Frente a la anestesia ideológica y a la hegemonía moral, las aulas deben ser espacios de pluralismo deliberativo capaces de sostener una sociedad más abierta, democrática y plural.