Sobre velos, discriminaciones y oportunidades perdidas
Reproducimos el artículo de nuestra compañera Silvia Carrasco, antropóloga especialista en educación y migraciones, “Sobre velos, discriminaciones y oportunidades perdidas” publicado en elcomun.es el 3 de febrero de 2026.
La revista EL DEBATE ha dado a conocer que en junio de 2024 el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, publicaron un documento titulado Con esto no. Discriminación de las jóvenes musulmanas con hiyab en el sistema educativo. No se ha aclarado si el documento es fruto de un encargo o de un proyecto financiado por el instituto en convocatoria competitiva, pero eso ahora es irrelevante. Ha sido realizado por un grupo de investigación de la UCM especializado en el análisis del islam en Europa. El contenido del documento ha sorprendido y ha indignado al movimiento feminista, aunque en él se incluya la cláusula habitual que dice: “el Instituto de las Mujeres no se hace responsable de las opiniones expresadas en este estudio ni de los resultados obtenidos en el mismo”.
Sorprende porque el documento afirma que el sistema educativo discrimina no solo si excluye a las alumnas con hiyab del acceso a las aulas -una posición de la que hablaremos más adelante, que puede acabar produciendo lo que se quiere evitar al poner el foco en las alumnas- sino también, y fundamentalmente, si los centros escolares transmiten a las alumnas que el uso de marcadores sexistas contra las mujeres es contrario a la misión de la educación para la igualdad y a las leyes en una sociedad democrática. Indigna porque el Instituto de las Mujeres no solo ha financiado, sino que ha publicado un documento que defiende tal cosa y ha demostrado una negligencia pasmosa al inhibirse ante ello y echar balones fuera cuando se ha sabido, en enero de 2026. Sin aprovechar la ocasión para cumplir con su mandato y función, que es defender la igualdad de derechos y la dignidad de todas las mujeres en España, incluidas, lógicamente, las alumnas de contextos musulmanes.
El Instituto de las Mujeres podría haber rechazado la publicación del documento alegando dos tipos de razones. Una, por tratarse de un encargo o proyecto aprobado por una directora anterior con ideas políticas contrarias sobre la igualdad entre mujeres y hombres, dando libertad a las autoras para publicarlo en otra parte (quienes hemos hecho investigación para las instituciones y las ONG sabemos que es una práctica habitual cuando los resultados del encargo o del proyecto no les satisfacen). O bien, otra, aún más importante, no publicar el documento porque carece del más elemental método científico. Y me duele especialmente, porque conozco a la responsable del mismo y puedo afirmar que ha realizado valiosas contribuciones académicas.
Me parece inaudito que personas con trayectoria investigadora reconocida hayan presentado esto como “fruto de la investigación”, porque no lo es. Y me preocupa aún más la idea que puede hacerse la ciudadanía sobre cómo se produce conocimiento en investigación social, con lo difícil que es fundamentarla de forma correcta y con rigor y lo mucho que dedicamos a que así sea para transferirla a la sociedad.
Sin embargo, aquí no me interesa ahondar en esta crítica y solo mencionaré dos ejemplos que no pasarían, a mi modo de ver, una evaluación positiva: uno, parten de que existe algo llamado “islamofobia de género” como si se tratara de un concepto científico aceptado que no hace falta operacionalizar (definir y fundamentar su significado con apoyo empírico), cuando se trata de una expresión ideológica de la corriente queer del activismo antirracista. Nada de esto niega la discriminación, pero es importante exigir un poco de seriedad. Dos, si bien suscriben claramente la idea de una ciencia para la sociedad y no para el beneficio privado -principio que compartimos- la sustituyen por ese mismo activismo cuando afirman que su objetivo es denunciar. Esto puede hacerlo una investigación periodística, pero no la ciencia, porque si no estaríamos anticipando los resultados y conclusiones para su posible aplicación. Pero incluso en el periodismo, que tiene otras reglas, hay que diversificar y contrastar las fuentes y la información, no buscar solamente casos para confirmar la idea previa entre las mismas activistas que son a su vez informantes (jóvenes musulmanas hiyabis organizadas en asociaciones). En cualquier caso, las autoras pueden pensar y publicar lo que quieran donde quieran, igual que yo puedo expresar mi crítica y discrepancia, esta no es la cuestión.
La cuestión es que además de la sorpresa y la indignación, esta es otra oportunidad perdida por parte de las autoridades de Igualdad ante la muy urgente necesidad de tener un debate serio sobre la conculcación de derechos de las niñas y las mujeres de algunos entornos socioculturales en España -en este caso de contexto musulmán, pero no solo- y qué hacer ante ello. Ese sí es un tema relevante y es lo que venimos reclamando las feministas sea cual sea nuestro origen y ámbito de actuación. En mi caso, como investigadora en migraciones y educación con una trayectoria continuada de 30 años y feminista. Incluso si nuestra propuesta para garantizar una vida libre de marcadores y limitaciones sexistas para las niñas y las mujeres en nuestro país difiere, es decir, incluso si los procedimientos, estrategias y medios para lograrlo no acaban de coincidir. Lo recordaba en octubre la nueva asociación Per Elles (Por ellas) surgida del barrio del Raval de Barcelona, que denuncia y lucha contra la discriminación que sufren muchas niñas y jóvenes de familias inmigrantes en su acceso a las actividades de ocio y a la sociabilidad, sobre todo desde la pandemia, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
Quiero recordar que no necesitamos leyes ni normativas especiales, porque desde el art. 14 de la Constitución, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, todas las leyes educativas y todas las leyes autonómicas que las replican proclaman la igualdad sin fisuras (excepción hecha de la anomalía de la ley trans, en contradicción flagrante con ellas y cuyo destino es ser derogada en su totalidad tarde o temprano). Ahora bien, no se puede dejar a los centros educativos sin las orientaciones ni los recursos para garantizar la igualdad proclamada. Claro que esto también pasa por desarrollar de una vez por todas la coeducación real en las aulas y no sus suplantaciones posmodernas. Y para ello hace falta conocimiento, coherencia y valentía política, al parecer ausentes entre las responsables de Igualdad.
En estas estábamos, con sorpresas, indignaciones y reproches, cuando nos enteramos de que la Fiscalía ha decidido imponer una multa de 2.000 euros al IES Sagasta de Logroño alegando que ha vulnerado la libertad religiosa protegida por las leyes al haber prohibido el acceso al centro de una alumna con hiyab, como respuesta a la denuncia interpuesta por esta última. A través de lo aparecido en la prensa, parece que el instituto había informado de la decisión del claustro -prohibir el hiyab en sus instalaciones- a las cinco alumnas que acudían cubiertas el curso anterior y a sus familias, y también a esta alumna que venía de otro centro. La alumna siguió asistiendo a las clases, pero sin hiyab. Por lo tanto, en ningún momento se conculcó su derecho a la educación, de manera que la denuncia de la alumna se centró en una interpretación subjetiva del derecho a la libertad de creencias y a la supuesta discriminación sufrida al conculcarle tal libertad. Resulta incomprensible que la Fiscalía admitiera la denuncia, porque sus creencias siguen intactas con o sin hiyab. Es más, si el currículum es el que debe ser, tratará las religiones como inventos humanos que proporcionan una visión del mundo y justifican el orden social del entorno en el que se crean, por eso son todas patriarcales. Si algo amenaza directamente sus creencias serán los contenidos académicos, en cambio no los denuncia…
Ante la imposición de la multa, el centro ha emitido un comunicado defendiendo su laicidad y yo celebro que exista un centro laico en La Rioja, dado que la religión católica está presente de forma oficial en muchos de ellos, mientras otras religiones se van abriendo paso en los centros de muchas CCAA por la maldita gracia de la legislación vigente. Sin embargo, la laicidad del centro no veo que quede en entredicho por las creencias del alumnado ni por su indumentaria. Sí estoy muy interesada por conocer qué hace el instituto cuando las alumnas no participan en algunas actividades o simplemente desaparecen. También me interesa saber cómo actúa ante la otra cara de la hipersexualización de las alumnas -siempre, sus cuerpos- y el porno que campa a sus anchas entre los alumnos de todos los orígenes.
Porque esto no va de libertad de creencias ni de laicidad, va de cómo definimos la igualdad entre mujeres y hombres y cómo se instalan en todas las etapas educativas orientaciones claras basadas en la Coeducación que impidan la imposición de marcadores sexistas a las alumnas y, sobre todo, protejan su derecho al libre desarrollo individual, que es lo que consagran las leyes: nadie puede ser discriminada por sus creencias y ninguna creencia puede discriminar por sexo. Y para eso hay que ir más allá de eslóganes que se limitan a lo visible y poner el foco en lo que está pasando: más de un 30% de las alumnas de entornos inmigrantes abandonan de forma temprana la educación, porcentaje que llega a más del 90% en el caso de las alumnas gitanas, sin que exista un solo plan de actuación al respecto en todo el Estado.
Mi conclusión es que la multa deberían pagarla el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Educación por seguir dejando al profesorado del Estado sin orientaciones claras ni recursos suficientes para desarrollar una verdadera Coeducación: que introduzca como parte del currículum -dirigido a los chicos tanto como a las chicas- por qué son inaceptables los marcadores y las prácticas sexistas de todo tipo y que cuente con los recursos adecuados para hacerlo realidad en las aulas y fuera de ellas, como resultado de una educación feminista. La Fiscalía debería acudir también a esas clases, y nos gustaría saber cuántas multas ha impuesto de oficio a centros y familias por no garantizar el derecho de las alumnas a ir sin hiyab…
Claro que para ello hay que asumir las responsabilidades que van con los cargos y defender los derechos de todas las mujeres, de verdad y no de boquilla.
